Cerco fiscal a la factoría Mendes

La factoría de Jorge Mendes, esa gigantesca industria del fútbol, se ha convertido en un objetivo para la Hacienda y la justicia españolas. El representante portugués de jugadores opera en todos los puntos del planeta, compra, vende, tasa o influye en cinco continentes, pero será en una localidad española, Pozuelo de Alarcón, donde tenga que responder ante el juez por presunto fraude fiscal el 27 de junio. Un día después de que la Fiscalía de Madrid acusase a Cristiano Ronaldo de defraudar 14,7 millones de euros a Hacienda, el juez cita a declarar como imputado a su famoso representante por el caso Falcao. El delantero del Mónaco está acusado de no pagar 5,66 millones durante 2012 y 2013, cuando jugó en el Atlético de Madrid.

Continuar leyendo

El segundo accionista de «La Razón» cobró de la mayor operación irregular del Canal

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan a sociedades del magnate mexicano José Ramiro Garza Cantú como beneficiarias de la mayor operación presuntamente fraudulenta investigada en el caso Lezo, la compra de Emissao. Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (Inassa), filial del Canal de Isabel II en Iberoamérica, compró la empresa brasileña a finales de 2013 por 31 millones de dólares –la mayor parte pagada en Suiza–, pese a que su patrimonio ascendía a poco más de 10. El sumario sostiene que el precio fue sobrevalorado para repartirse los excesos entre integrantes de la trama.

Continuar leyendo

El Constitucional anula la amnistía fiscal y deja en evidencia a Montoro

El pleno del Tribunal Constitucional ha anulado, por unanimidad, la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP en 2012. La sentencia considera que el decreto ley por el que se aprobó el indulto fiscal es inconstitucional ya que no era el vehículo adecuado para aprobar esta medida, que legitimó el fraude. El tribunal avala, sin embargo, las declaraciones que hicieron los más de 31.000 contribuyentes para regularizar el dinero evadido. Por eso, la sentencia apenas tiene efectos prácticos, pero supone un duro varapalo político al Ejecutivo de Mariano Rajoy y en concreto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Continuar leyendo