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Desmantelada una red que pretendía "lavar" más de 8 millones de euros

Desmantelada una red que pretendía "limpiar" más de 8 millones de euros llevando en efectivo el dinero para una operación de compraventa inmobiliaria en Murcia.

Una red delictiva trató de limpiar 8,6 millones de euros de dinero negro pagando en efectivo esa cantidad en una compraventa de terrenos en la localidad murciana de Molina de Segura. La operación levantó las sospechas de la Agencia Tributaria ya que se utilizaron 17.320 billetes de 500 euros, que fueron transportados en sacas desde una entidad bancaria hasta una notaría el mismo día de la compra. Los integrantes de la red se encuentran ahora imputados por un delito de blanqueo de capitales.

La Agencia Tributaria y la Policía Nacional, dentro del marco de la operación Lila, dan por desmantelada la red que llevó a cabo la maniobra fraudulenta de blanqueo de capitales. Tenía ramificaciones en Murcia, Almería y Madrid. Fuentes de la Agencia en Murcia reconocen que durante la crisis "han intensificado los controles sobre este tipo de fraudes porque el dinero negro está aflorando en grandes cantidades". Sin embargo, el inicio de esta investigación se remonta a 2007, cuando la operación inmobiliaria "con apariencia de legalidad" llamó la atención a los investigadores.

Para eludir los impuestos de la operación, la red simuló que una empresa "administrada por un testaferro sin recursos" compraba las fincas por 15 millones de euros y las vendía a los compradores finales por 24 millones. Además, el día de la formalización de las escrituras los integrantes de la trama llevaron a la notaría, en efectivo, 8.660.000 euros en billetes de 500. Este importe se repartió entre mediadores y vendedores, que utilizaron esa misma tarde más de 3 millones de euros para comprar otra finca en el municipio costero de Águilas.

Las investigaciones realizadas a partir de esta operación han descubierto una trama de empresas -casi todas pequeñas y del sector de la construcción- dedicadas al fraude fiscal mediante la emisión de facturas falsas. Los imputados, cuyas identidades no han trascendido, son los empresarios que actuaron como vendedores y compradores, los intermediarios y varios empleados de entidades financieras y de notarías.

El País. 5 de abril de 2010.