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El pleno del Senado aprobó hoy el proyecto de ley de servicios de pago, que traspone la directiva europea de este tipo de actividades en España e incluye aspectos como el reparto entre los usuarios de los gastos de las transferencias bancarias.

El texto deberá pasar por el Congreso para superar su último trámite parlamentario y adaptar así el objetivo de la directiva, que consiste en garantizar que los pagos se efectúen por igual entre los países de la Unión Europea y se refuerce la protección y los derechos de los usuarios.

Tras aprobar las enmiendas introducidas en la Comisión de Economía y Hacienda, el pleno del Congreso votó a favor de un proyecto de ley que define los servicios de pago y los proveedores que están autorizados para ofrecerlos.

También se establece la nueva figura de las entidades de pago, los requisitos de transparencia en los servicios de pago, y los derechos y obligaciones derivados de la prestación de estos.

En el caso de las nuevas entidades de pago, éstas pueden efectuar servicios de pago y ciertas actividades complementarias, como servicios operativos, pero no pueden emitir dinero electrónico ni captar depósitos.

Estas entidades estarán supervisadas por el Ministerio de Economía, el Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

Por lo general, se considerarán proveedores de estos servicios a las entidades de créditos que capten fondos reembolsables -cajas, bancos y cooperativas de crédito-, las entidades financieras de crédito, las de dinero electrónico y las de pago, así como las de administraciones públicas cuando actúen como autoridades públicas.

Además, se establece que los gastos de las transferencias bancarias serán asumidos por las dos partes, tanto el que envía como el que recibe, siempre que el cliente no llegue a un acuerdo distinto con su entidad.

Finanzas. com. 21 de octubre de 2009.