Apreblanc Asesores, S.L - Expertos en Prevención de blanqueo de capitales

La profesión se siente "en desventaja" respecto a notarios y entidades financieras

La nueva Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, en vigor desde hace siete meses, está levantando ampollas entre los profesionales de la abogacía. A la espera todavía de su desarrollo reglamentario, Nielson Sánchez Stewart, consejero del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), denunció ayer en la presentación del II Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, que tendrá lugar este jueves y viernes en Barcelona, que "el protocolo al que están obligados los abogados les coloca en clara desventaja respecto a otros sujetos obligados, como son los notarios o las entidades financieras".

Entre las causas de discriminación, apunta al tamaño de los colectivos y sus responsabilidades. "Es más fácil coordinar a 3.000 notarios que a 160.000 abogados, eso para empezar, pero además si los notarios denuncian alguna situación sospechosa de blanqueo de capitales no vulneran el secreto profesional, algo que sí ocurre con los abogados", asegura Sánchez Stewart. Desde su punto de vista, el letrado no debe ocultar nada si se le utiliza para blanquear dinero, pero tampoco debe vulnerar el secreto profesional, "ésta es una situación sinuosa y la línea resulta complicada".

Entidades financieras

Respecto a las entidades financieras, asegura que éstas cuentan con grandes estructuras y múltiples medios frente a los abogados, cuyas obligaciones son iguales para los grandes bufetes como para los más pequeños. "Muchos no saben cómo afrontar la gestión organizativa, administrativa y financiera que les exige la ley para afrontar los casos en los que pudiera sospechar que existe alguna actuación delictiva", critica Sánchez Stewart.

Para el consejero y a la vez presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía, Nielson Sánchez Stewart, la nueva normativa impone "medidas desproporcionadas, inútiles y exóticas que no llevan a ninguna finalidad, porque el abogado que finalmente colabora conscientemente con el blanqueo de capitales no es un letrado, es un delincuente".

La Ley 10/2010 de Blanqueo de Capitales, además, resulta contraria al principio de confidencialidad que rige la abogacía. "¿Cómo se puede tener confianza cuando la ley te obliga a desconfiar?", se pregunta Sánchez Stewart. Además, considera que esta situación puede originar que el cliente al consultar con un abogado le ofrezca una información parcial, "lo que podrá afectar al derecho de defensa".

En su opinión, estas exigencias se acompañan con una serie de "medidas punitivas", contenidas en el nuevo Código Penal, que entrará en vigor el próximo 23 de diciembre. No obstante, la abogacía española confía en que el reglamento de la Ley 10/2010, cuyo texto no ha pasado todavía por sus manos, exima de una serie de obligaciones a algunos de los sujetos obligados. Hasta el 15 de diciembre, la Dirección General del Tesoro ha abierto una audiencia pública para recibir alegaciones y saber cuáles de las funciones de los sujetos obligados son susceptibles de diligencias simplificadas. "Nosotros no pedimos ningún tipo de privilegio. El secreto profesional es un beneficio del justiciable, no del abogado, de hecho es el cliente el que tiene derecho a una defensa y confidencialidad", asegura Stewart.

Barcelona acogerá el II Congreso

Después del éxito del I Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de dinero, organizado por el Colegio de Abogados de Málaga en 2008, llega una segunda edición, pero esta vez en Barcelona, "un lugar afectado también por este problema". El Colegio de Abogados de Barcelona celebrará durante los días 25 y 26 de noviembre unas jornadas divididas en dos secciones: la primera dedicada al ámbito profesional y administrativo, y la segunda al penal.

En la primera parte, se tratarán asuntos tan polémicos como la función del abogado en la asesoría de operaciones financieras y el desempeño de la figura del notario en la prevención del blanqueo de bienes. El viernes, 26 de noviembre, se tratará la reforma penal del 22 de junio de 2010 en materia de blanqueo de capital y el comiso en el blanqueo. Asistirán personalidades del mundo judicial, notarial y académico. Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, será el encargado de clausurar el congreso.

Cinco Días. 24 de noviembre de 2010.