Apreblanc Asesores, S.L - Expertos en Prevención de blanqueo de capitales

LA crisis económica, que empuja a los gobiernos a tratar de aumentar la recaudación, y problemas como el terrorismo, el narcotráfico o la actividad mafiosa han hecho que las autoridades se planteen acabar con los paraísos fiscales.

En la cumbre del G20 que se celebró en abril del año pasado se anunció "el fin de la era del secreto bancario", pero como suele ocurrir, de la declaración a la puesta en práctica de los acuerdos de forma unificada hay un largo trecho.

Un paraíso fiscal es un país o territorio (como las islas Caimán, Gibraltar o la isla de Jersey) que exime de pago de impuestos a los extranjeros que tengan allí cuentas bancarias o constituyan sociedades. De ese modo logran atraer divisas extranjeras y para algunos es su principal modo de subsistencia. Se calcula que en todo el mundo administran unos 7,4 billones de dólares.

La clave es que en estos lugares es relativamente sencillo ocultar la titularidad de empresas o cuentas gracias al secreto bancario y a que se permite que estén a nombre de representantes formales.

Opciones más frecuentes

Qué país es un paraíso fiscal o no es tema de debate y en la lista se incluyen unos u otros según qué organismo la elabore. La más conocida es la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una de las instituciones que más presiona por que desaparezcan las leyes de confidencialidad.

En 2009 la OCDE incluyó temporalmente, por ejemplo, a Uruguay, país que niega en todo momento ser un paraíso fiscal. La zona gris es muy amplia, ya que una cosa es el secreto bancario (lo más polémico porque puede propiciar el blanqueo de dinero, el fraude y los negocios sucios) y otra las ventajas fiscales, que cada país está en su derecho de aprobar.

Existen numerosos centros financieros offshore que ofrecen este tipo de ventajas. Además de Uruguay, en Latinoamérica se cuentan Panamá (oficialmente paraíso fiscal para la OCDE a enero de 2010), Costa Rica, Guatemala y República Dominicana, que se suman a los "clásicos" del Caribe como Bahamas, Barbados o las Caimán.

En Europa, los más habituales son Suiza, Luxemburgo, Gibraltar, Irlanda, Liechtenstein, Mónaco o las islas de Jersey y Man. Muchos de ellos han modificado leyes y regulaciones para escapar a las críticas de los gobiernos que denuncian la fuga de capitales, o por presiones de otro tipo, como las acusaciones de ayudar a los grupos terroristas con su opacidad.

El caso más reciente y emblemático es lo ocurrido con Suiza, el primer país del mundo en establecer el secreto bancario para atraer capitales. El Estado helvético llegó a un acuerdo con Estados Unidos para facilitarle la lista de todos los clientes norteamericanos del banco UBS y también ha firmado convenios con otras naciones para entregar los datos de clientes que hayan podido incurrir en fraude u otros delitos.

Como consecuencia, tan sólo en España se han conocido los datos de 1.500 clientes con 6.000 millones de euros (unos 7.000 millones de dólares) en Suiza que el gobierno de Madrid quiere ahora repatriar.

Una opción elegida a menudo es una amnistía fiscal, como hicieron hace poco Italia y Argentina, ya que la presión sobre ese tipo de capitales suele tener como respuesta que se trasladen a otro sitio, algo cada vez más fácil en un mundo globalizado y con Internet.

Pese a ello, no todo son facilidades, y es probable que cada vez sea más difícil que los paraísos fiscales sigan existiendo, porque esa misma globalización facilita también el control, si realmente hay una intención política de aplicarlo.

El diario económico español "Expansión" comentaba este mes que "los años de esplendor de los paraísos fiscales podrían estar tocando a su fin. Las entidades instaladas en países como Suiza, Islas Caimán, Bahamas, Islas Vírgenes y Jersey, entre otras, apenas contaban con un 7% del patrimonio invertido por las grandes fortunas mundiales en 2009 y, según las previsiones de Boston Consulting Group, este porcentaje disminuirá hasta el 6% en los próximos años".

Diario de Navarra. 5 de julio de 2010.