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El Papa promulga una ley contra los delitos financieros

El Papa dio ayer un paso decisivo para cerrar definitivamente la posibilidad de que las operaciones bancarias de la Santa Sede puedan servir de amparo al blanqueo de capitales procedentes del mundo del delito. Por una decisión personal de Benedicto XVI, la Iglesia crea un nuevo organismo, la Autoridad para la Información Financiera, expresamente dedicado a luchar contra el lavado de dinero y a vigilar las operaciones bancarias del Vaticano, informa Efe.

A través de una carta apostólica, que al ser dotada del rango de motu propio adquiere el valor de ley, el Pontífice subraya el ahora pleno compromiso de la Santa Sede con las iniciativas impulsadas por la comunidad internacional para hacer frente a los delitos bancarios que permiten financiar todo tipo de actividades criminales, entre ellas el terrorismo. Tres meses después de que la Fiscalía de Roma pusiese en marcha una investigación sobre las actividades del Banco Vaticano, y de que la jueza María Teresa Covatta ordenase, como medida preventiva, la confiscación de 23 millones de euros de una cuenta del Banco Credito Artigiano que figuraba a nombre de la institución financiera de la Santa Sede, el Papa ordena que la ley para la prevención y lucha del blanqueo proviniente de actividades criminales y de la financiación del terrorismo sea de obligado cumplimiento en todos los organismos vinculados a la Curia de Roma y a cuantas entidades dependan del Vaticano.

En palabras del propio Benedicto XVI, «la Santa Sede aprueba el compromiso de la comunidad internacional» y «quiere hacer suyas las reglas de las que se ha dotado para combatir» el blanqueo de capitales procedentes del mundo de delito, informa la agencia AFP. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, afirma que la decisión adoptada por el Papa «reviste un significado moral y pastoral de largo alcance» y se asienta en tres pilares fundamentales: la «transparencia», la «honestidad» y la «responsabilidad».

Los oscuros precedentes

Amparándose en esta nueva legislación, que prevé penas de prisión de entre cuatro y doce años para quienes faciliten el blanqueo de dinero -«Se trata de una realidad nueva», subraya Lombardi- la Santa Sede quiere evitar en el «futuro» los «errores» que, en palabras de su portavoz, «tan fácilmente se convierten en motivo de escándalo para la opinión pública y para los fieles». Escándalos como el que, a comienzos de la década de los ochenta, rodeó la quiebra del Banco Ambrosiano, del que el Vaticano era uno de los grandes accionistas.

La Voz de Galicia. 31 de diciembre de 2010.