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23 años de cárcel y 12 millones de multa

Un total de 23 años de cárcel y unas indemnizaciones que suman 12,2 millones de euros. La Audiencia Provincial de Oviedo acaba de dictar una sentencia ejemplificante en la lucha contra el blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas, en el que condena a cinco acusados por su contribución en un entramado que tenía como objetivo dar apariencia de legalidad a los beneficios que estaban ingresando. El fallo tiene en cuenta así el criterio esgrimido por la fiscalía, que reclamaba exactamente 12,2 millones de euros y 23 años de cárcel.

El texto de la resolución judicial considera probado que los condenados, debido a los “beneficios cuantiosos” que tenían y al incremento patrimonial que realizaron, se vieron “en la necesidad de introducir el dinero en el sistema financiero”.

Dos de los tres condenados ya tenían antecedentes previos, precisamente, por tráfico de drogas. Pero lo curioso es que la instrucción de este caso surge a raíz de otro anterior, en el que se juzgaba a cinco personas -tres de ellos están implicados en ambos- por pertenecer a una red que introducía hachis. Fueron juzgados y condenados por narcotráfico, pero el recurso que presentaron ante el Tribunal Supremo (TS) prosperó, al considerar que no había suficiente base para autorizar la escuchas en las que se basaba la instrucción, y fueron absueltos en esta instancia. Sin embargo, esta nueva sentencia considera probado que llevan más de 10 años dedicándose al narcotráfico.

Los hechos Tres de ellos constituyeron una sociedad mercantil en 2005 que ya en 2006 tenía una deuda que excedía en cinco veces sus fondos propios y que en 2007 se multiplicó casi por siete. La sociedad era una promotora de viviendas que contaba como recursos los créditos hipotecarios que iba pidiendo.

Como contaban con dinero procedente del narcotráfico, hacían frente a los pagos de amortización de los créditos y a los gastos corrientes.

El fallo incluye un detallado listado de sus bienes, desde la adquisición de coches, a la compra de chalets unifamiliares y fincas que, teóricamente, se iban a dedicar a la inversión inmobiliaria. También figuran los movimientos registrados por la empresa.

H. A. P., uno de los fundadores de la empresa que se utilizó para el blanqueo de dinero, y que hasta ese momento carecía de antecedentes penales, es condenado a cinco años y seis meses de prisión y a abonar una multa de cuatro millones de euros. El socio con el que planeó la fundación de la compañía, C. J. D. G., por su parte, recibe una pena de cinco años de prisión y otros cuatro millones de euros de multa. Su testaferro, que según la sentencia estaba al corriente de la procedencia de fondos, J. J. G. L., tiene una condena de cuatro años y seis meses y cuatro millones de euros más.

Los otros dos condenados son un matrimonio, del que uno de los miembros es hermano del primer acusado. Ambos miembros de la pareja tenían ya antecedentes penales por tráfico de drogas. A los dos se les reclaman 100.000 euros y se les condena a cuatro años.

La Audiencia Provincial considera probado que los condenados se dedicaban al tráfico de drogas desde el año 2000 y que, al margen del entramado empresarial que habían montado para blanquear dinero, su patrimonio había crecido exponencialmente.

Además, la sentencia decreta el decomiso de todos los bienes, vehículos, inmuebles y saldo de las cuentas corrientes que se les han podido adjudicar.

La Voz de Asturias. 15 de junio de 2011.