Apreblanc Asesores, S.L - Expertos en Prevención de blanqueo de capitales

Por estrambótico que parezca, la madeja inicial de la que ha tirado ahora el fiscal anticorrupción Luis Pastor para poner en pie la llamada operación Pretoria comenzó en una investigación sobre las cuentas de la Expo del 92 en Sevilla.

En esa operación, el ahora director de la Oficina Antifrau y entonces fiscal anticorrupción, David Martínez Madero, registró un despacho del Banco BBVA ante la negativa de la entidad a dar información sobre unos movimientos de su filial en Jersey que destaparon las actividades del presunto comisionista en la Expo Juan Piña Oliver.

En el curso de esa investigación, halló por azar en el despacho de unos gestores del patrimonio de la rama de banca privada del banco (BBVA Privanza Bank) un «manual de productos fiduciarios» –estructuras creadas para defraudar al fisco– y, lo que resultó esencial para este caso, una cuenta de corresponsalía utilizada como vía para el blanqueo de capitales y evasión fiscal de un selecto grupo de clientes preferenciales del banco.

Tirando del hilo se llegó a Santa Coloma de Gramenet ¿Cómo? El hallazgo, casual, y ajeno a la investigación de las cuentas del evento sevillano, provocó que Martínez Madero redactara un escrito a la Audiencia Nacional describiendo el material hallado y las sospechas que abrigaba.

Por reparto, la investigación cayó en el juez Baltasar Garzón, que, con Martínez Madero coordinando la investigación .se mantuvo al frente del caso.

600 CLIENTES

Cuatro años después, en enero del 2004, la Fiscalía Anticorrupción presentó una lista de 600 clientes del extinto Bilbao Vizcaya que entre 1998 y el 2001 utilizaron una cuenta que la filial tuvo abierta en Madrid, a nombre de la filial del grupo BBV Privanza Bank Jersey, y desde la que, según mantuvo la fiscalía, se movieron fondos de clientes españoles que compraron productos opacos al fisco en el exterior.

A resultas de esa investigación, se descubrió que el banco había externalizado sus servicios de movimientos de capital en paraísos fiscales, unos trabajos que presuntamente realizaban varios despachos de abogados entre ellos Pretus en Barcelona, y De Miguel en Madrid.

En noviembre del 2005 el todavía fiscal Martínez Madero coordinó los registros ordenados por Garzón a esos dos despachos. Los agentes de la unidad de la Guardia Civil adscritos a la fiscalía anticorrupción se llevaron cajas que llenaron varias furgonetas.

De los papeles del despacho de Madrid se estiró hasta llegar a lo que han sido los orígenes de Orange Market y de la trama Gürtel, y en el despacho Pretus apareció documentación que, en una primera fase, provocó que se imputara a los dos hermanos Pretus responsables del bufete familiar, Gabriel y Francisco Javier.

Salieron en libertad tras depositar una fianza de 200.000 euros. El expropietario de Burberrys España, Eugenio Mora, fue acusado de requerir los servicios de estos abogados. Pagó una fianza de 500.000 euros. El presidente de la empresa Damm, Demetrio Carceller, y su hemano José también declararon por la misma causa.

Dos semanas después de los registros a los despachos de abogados, Martínez Madero se trasladó a Rumanía y heredó el caso el fiscal Luis Pastor, quien coordina desde entonces las pesquisas.

Fue del análisis de la documentación encontrada en Pretus que salieron los indicios que implicaban a los responsables de la presunta trama de corruptela destapada ahora.

El Periódico de Catalunya. 28 de octubre de 2009